La economía argentina no está funcionando bien. Es una economía estancada, con inflación crónica y en aumento, y sin capacidad para crear empleo privado formal de calidad, en un contexto en el que el sector público ha crecido, restando participación al sector privado. En los últimos 10 años la economía argentina (también la mendocina) se contrajo un 3% en términos reales. La consecuencia sobre el ingreso por habitante es directa, y se refleja en los crecientes niveles de pobreza, que rozan o superan el 40% en el caso del país y de Mendoza respectivamente.
Los países que han resuelto estos temas lo han hecho trabajando, sector público y sector privado, con una mirada de mediano y largo plazo, en dos aspectos claves vinculados al desarrollo humano: la competitividad y la productividad de la economía. La evidencia muestra que los países más prósperos son los más competitivos. A mayor productividad, mayor competitividad y mayores niveles de ingreso por habitante de un país y, en promedio, mayor bienestar de sus habitantes. Una economía competitiva es una economía productiva. Los países que desean brindar más bienestar y más oportunidades a sus ciudadanos deben alcanzar mayores niveles de productividad y de competitividad. Es fundamental que la mejora de la competitividad sea “LA política de estado” de Argentina y de Mendoza, aglutinando a todas las demás políticas públicas.
Los rankings mundiales muestran que la competitividad argentina es baja, tanto a nivel mundial como regional. Nuestro país se ubica en el puesto 83 de 141 países en el último Ranking de Competitividad Global del Foro Económico Mundial que data de 2019, y en el puesto 62 de 63 países en el Ranking Mundial de Competitividad 2022 del Institute for Management Development (IMD). Sus mejores calificaciones las obtiene en aspectos tales como habilidades (para el trabajo, vinculado a educación), tamaño de mercado, salud y capacidad para innovar; asimismo, sus desempeños más bajos los registra en estabilidad macroeconómica, en funcionamiento de mercados (de productos, laboral y financiero) y en instituciones. A nivel regional, América del Sur es la región menos competitiva del mundo, y Chile es el país más competitivo de América Latina, seguido por México. En tanto, Argentina es la menos competitiva de las 5 economías más grandes de la región, por detrás de los mencionados y de Colombia y Brasil.
Una de las conclusiones del análisis de los rankings de competitividad es que, siendo la estabilidad macroeconómica uno de los pilares básicos de competitividad (calificamos 139 entre 141 países en este pilar en el ranking del Foro Económico Mundial), la carencia de orden macroeconómico constituye uno de los principales temas que Argentina debe resolver para ser más competitiva y próspera. Las consecuencias de una macroeconomía sin objetivos están a la vista. Y, en Argentina, el orden macroeconómico comienza por el orden fiscal y la reconstrucción de la confianza en la moneda.
En los últimos 15 años, el sector público consolidado creció del 30% al 44% del PIB -sin un correlato equivalente en cantidad, calidad y cobertura de servicios- hipertrofiándose y ahogando al sector privado con más impuestos, una maraña regulatoria creciente, un gasto público ineficiente, y compitiendo con el sector privado por el escaso financiamiento interno disponible, contribuyendo a deteriorar la competitividad de nuestra economía.
La presión tributaria de nuestro país es una de las más elevadas de América Latina, ubicándose bien por encima del promedio. Así, la presión impositiva de Argentina alcanzó el 29,4% del PIB en 2020, mientras que la de América Latina se ubicó en el 21,9%. En el período 2004-2020 Argentina incrementó la presión tributaria +4,7 p.p., más que el promedio LATAM. El Vademécum tributario 2022 del IARAF cuenta 165 impuestos y tasas entre los tres niveles de gobierno, una maraña que atenta contra la producción, máxime cuando los 12 impuestos más significativos en monto representan el 91% de la recaudación. Argentina lidera también en carga tributaria sobre empresas (106% de sus beneficios) y en impuestos sobre el trabajo, con una cuña fiscal cercana al 35%. Asimismo, la participación de los impuestos distorsivos aumentó más de 3 veces en 20 años, del 2,5% al 8,8% del PIB.
Entendemos que la readecuación del tamaño y estructura del Estado, en sus tres niveles, es un aporte impostergable a la competitividad sistémica de Argentina. El Estado debería tener un tamaño razonable y financiable por el sector privado, a efectos de cumplir con sus funciones indelegables y promover la competitividad, enfocándose en la eficiencia y eficacia del gasto, y en la razonabilidad de la carga tributaria y de deuda, para que el sector privado pueda producir más, crecer, exportar más y generar empleo de calidad. Es clave simplificar el sistema impositivo actual, logrando que sea menos distorsivo y menos regresivo, impulsando la disminución de alícuotas y la formalidad tributaria. El Estado no puede ser más grande que lo que el sector privado pueda financiar con el pago de impuestos sin ahogarse.
Nuestra provincia ha dado muestras en este sentido y entendemos que el esfuerzo de ordenamiento fiscal y de reducción de impuestos debe continuar, poniendo el énfasis en la creación de empleo privado registrado. El IERAL–Fundación Mediterránea realizó para el Consejo Empresario Mendocino un estudio que propone reducir las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a cambio de generación de empleo formal.
Las mejoras de competitividad surgen de políticas y acciones cuyos resultados trascienden a una gestión de gobierno; trabajar en la competitividad implica que los gobiernos, y el sector privado, tomen decisiones cuyos resultados, en muchos casos, beneficiarán a generaciones futuras. Ese es el desafío.