Este informe analiza la evolución de la deuda pública provincial entre 2014 y junio de 2024. Según el último dato oficial publicado, la Deuda Total de la Administración Central asciende a $688.415 millones (USD 755 millones) y la Deuda Consolidada es de $631.574 millones (USD 693 millones).
El desempeño de la deuda debe analizarse en términos reales. Medida en pesos constantes, la Deuda Total de la Administración Central es hoy un 45% menor que la registrada en diciembre de 2014 y 63% menor que la vigente a fines de 2020. En tanto, medida en dólares, es un 43% menor a la de diciembre de 2014 (USD 1.323 millones) y 61% menor que en 2017 (USD 1.924 millones), cuando alcanzó su máximo durante el período de ordenamiento fiscal que se inició en 2016 en el marco de la emergencia administrativa, fiscal y financiera del Estado provincial establecida por Ley 8833 para los años 2016 y 2017.
La evolución de la deuda pública está asociada a los resultados operativos y su financiamiento. Por ello, no es independiente de la dinámica y del comportamiento fiscal. La causa del aumento de la deuda provincial entre 2014 y 2017 se encuentra en las medidas de gobierno que, hasta 2015, destruyeron el ahorro corriente y el resultado operativo, y en el efecto acumulativo que dicha situación generó. El peso del Estado en la economía local creció entre 2004 y 2015 en desmedro de la participación del sector privado productivo, y esta dinámica terminó pulverizando el resultado corriente que pasó de un superávit de 18% en 2005 a un déficit de 7% de los recursos corrientes en 2015, una caída de 25 puntos porcentuales en solo 10 años. Incluso el aumento significativo de la presión tributaria provincial entre 2012 y 2015 fue insuficiente para evitar que tanto el déficit corriente como el operativo alcanzaran máximos históricos en 2015.
La deuda por habitante medida en dólares a junio de 2024 asciende a USD 365, un 48% menos que en 2014 (USD 706) y 63% menos que en 2017 (USD 992), el máximo de la serie.
El 15% de la deuda consolidada está emitida en pesos y el restante 85% en dólares. Los servicios de deuda pasaron del 5% al 12% de los recursos corrientes entre 2013 y 2017, reduciéndose al 9% el último año, con una menor participación de intereses en los servicios de deuda.
La deuda pública provincial es sostenible, pues la dinámica y razonabilidad de la política fiscal actual permite afrontar los pagos de los servicios de deuda sin sobresaltos. Hoy la deuda pública es significativamente más baja que años atrás y, además, la Provincia tiene calzados en dólares los pagos del bono Mendoza 2029.
Endeudarse no es bueno ni malo per se. Es razonable tomar deuda si contribuye a financiar proyectos que permitan impulsar el desarrollo provincial y mejorar el bienestar de la población. Es nocivo si financia inversiones de baja rentabilidad social o si, como ocurrió tiempo atrás, se usa para financiar gastos corrientes.
El orden fiscal alcanzado se refleja en: 1) superávit corriente en 5 de los últimos 6 años; 2) superávit operativo en los 3 últimos ejercicios; 3) niveles de deuda pública menores a los de 2014, y 4) gasto público y recursos tributarios provinciales más bajos, en términos reales que en 2017 (medido por IPC). A eso debe sumarse que el fideicomiso Portezuelo del Viento acumula USD 1.023 millones, que representan 1,48 veces la deuda consolidada de la Administración Central (USD 693 millones). Este orden fiscal iniciado en 2016 debe seguir, enfatizando en la gestión austera y eficiente del gasto, en la calidad de servicio a los ciudadanos, buscando disminuir la carga tributaria sobre el sector privado, pues el tamaño del Estado no debiera ser mayor al que éste puede financiar sin ahogarse. En esa línea, impulsamos el tratamiento de la nueva la Ley de Responsabilidad Fiscal 7314, cuyos principios permiten fortalecer y dar continuidad a una política fiscal (y de deuda) razonable y sostenible en el tiempo, que respeta la restricción presupuestaria del Estado (como lo hace el sector privado), contribuyendo así a la competitividad de la economía local.