Este informe analiza el desempeño de la deuda pública provincial entre 2014 y 2023. A junio, la deuda pública total de la Administración Central ascendía a $243.975 millones (USD 951 millones) y la deuda consolidada era de $217.722 MM (USD 848 MM).
Medida en pesos constantes, la deuda total de la Administración Central es 30% y 52% menor a la registrada en 2014 y 2020 respectivamente. Si la medimos en dólares, es 28% menor a la de 2014 y la mitad de la deuda de 2017. La deuda pública pasó del 8,8% del PBG en 2015 a 11,7% en 2017, estabilizándose en el 12,8% entre 2018 y 2020, para disminuir al 7,9% del PBG en 2022. Sea que la midamos en pesos constantes o en dólares, la deuda aumentó entre 2014 y 2017 y luego disminuyó fruto del comportamiento fiscal austero y, especialmente desde 2020, de los superávits operativos.
Endeudarse no es bueno ni malo. Es bueno si contribuye a financiar el crecimiento y desarrollo de la economía y el bienestar de la población. Es nocivo si distrae recursos de políticas e inversiones públicas esenciales para pagar servicios crecientes de deuda, si financia inversiones de baja o nula rentabilidad social, o si se usa para gastos corrientes.
Al no emitir moneda, las provincias financian sus déficits operativos con deuda. Por ello, la evolución de la deuda está asociada a los resultados operativos y a la necesidad de financiarlos. El análisis de la deuda no puede disociarse de la gestión fiscal de los gobiernos. El peso del Estado en la economía local creció entre 2004 y 2015, en desmedro del sector privado. El período 2011-2015 fue particularmente crítico para las finanzas públicas pues los gastos crecieron a mayor ritmo que los ingresos y se destruyó el resultado corriente, llevándolo a un déficit de 7% en 2015. Incluso la duplicación de la presión tributaria entre 2012 y 2015 fue insuficiente para equilibrar las cuentas y el deterioro fiscal alcanzó máximos históricos.
El período de ordenamiento fiscal iniciado en 2016 se enmarcó en la Ley 8833 de emergencia administrativa, fiscal y financiera para 2016 y 2017. Pese al cambio de tendencia, la corrección del déficit demandó tiempo y financiamiento adicional pues recién en 2018 se logró nivelar las cuentas. Desde 2016 el peso del Estado se amesetó y en 2020 comenzó a caer, resultando en superávits corrientes y operativos en 2021 y 2022. En esa dinámica, la deuda creció durante el período de ordenamiento fiscal, luego se estabilizó y comenzó a disminuir. El ordenamiento incluyó la normalización de la deuda flotante y el financiamiento de los déficits fiscales mientras se iban reduciendo. Se apoyó en 5 pilares: 1) emisión de bonos para pagar deuda atrasada con proveedores; 2) asistencia del Banco Nación Argentina; 3) asistencia del Gobierno Nacional; 4) emisión del bono Mendoza 2021 en pesos, y 5) emisión del Bono Mendoza 2024 en dólares, luego restructurado en el Bono Mendoza 2029.
El 21% de la deuda consolidada se denomina en pesos y el 79% en dólares. Los servicios de deuda pasaron del 4,2% al 12% de los recursos corrientes entre 2012 y 2017, reduciéndose hasta el 7,6% el último año. El riesgo de repago de la deuda en moneda extranjera, en particular del bono Mendoza 2029, es bajo pues el gobierno provincial recibe regalías en esa moneda que se calzan con los pagos.
La causa raíz del aumento de la deuda debe buscarse en las medidas y en los años que destruyeron el ahorro corriente y el resultado operativo, y en el efecto arrastre que dicha situación generó. Hacia adelante, el esfuerzo de austeridad debe continuar, pues el peso del Estado y la presión tributaria aún duplican los registrados dos décadas atrás. El tamaño del Estado no puede ser mayor al que puede financiar el sector privado sin ahogarlo. No se trata de un Estado grande o chico, sino de un Estado eficiente que brinde servicios de calidad a los ciudadanos. En esa línea, impulsamos el cumplimiento pleno de la Ley de Responsabilidad Fiscal 7314 y abogamos por un cumplimiento mayor al registrado hasta la fecha, recordando que un nuevo proyecto fue elevado a la Legislatura este año.
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