La economía argentina no funciona bien desde hace años. La última década se caracterizó por el estancamiento, la alta inflación, la imposibilidad de crear empleo privado formal en cantidad suficiente y por un sector público que se expandió a expensas del sector privado. En los últimos 12 años la economía argentina creció apenas 0,5% en términos reales y Mendoza un 1,8%. El impacto sobre el ingreso por habitante fue directo y se refleja en los niveles de pobreza actuales: 41,7% y 47% para Argentina y Mendoza respectivamente. Argentina necesita volver a la senda del crecimiento. Para ello debe enfocarse en mejorar la productividad y la competitividad de su economía. Los países más productivos y competitivos son también los más prósperos, en los que sus ciudadanos alcanzan elevados niveles de bienestar.
Una macroeconomía previsible es el primer paso y es responsabilidad del Estado asegurarla, pero no alcanza para crecer. Además, es necesario avanzar en reformas estructurales que impulsen la productividad y reduzcan el costo argentino. La capacidad de la economía para crecer y crear riqueza depende de las condiciones que tenga el sector privado para invertir y producir más, exportar y generar empleo. Un Estado hipertrofiado ahogó al sector privado con impuestos altos y distorsivos, regulaciones innecesarias, exceso de burocracia, distorsiones en los mercados (de divisas, comercio exterior y energía por nombrar algunos), además de competirle deslealmente por el financiamiento disponible. Mientras el empleo asalariado público creció 36% entre 2012 y 2024, el empleo asalariado privado lo hizo apenas 4%. En 2022 Argentina registró 13,5 empresas activas cada 1.000 habitantes, un número bajo comparado con otros países que, además, se ubica 13% por debajo del de 2012. La carga tributaria de Argentina está entre las más altas de la región (29,1% vs. 21,7% del PIB) pero, aún así, no alcanza a financiar un gasto público consolidado del 40% del PIB (promediaba el 30% entre 1980 y 2005). Es un gasto público muchas veces ineficiente, cuya ineficiencia técnica (7,2% del PBI) es, según un trabajo del BID, la mayor de América Latina (que promedia 4,4% del PIB)-. El déficit fiscal resultante provocó una inflación crónica, fruto de la emisión espuria de dinero que lo financió.
Un Estado austero y eficiente en todos sus niveles, equilibrado y financiable por el sector privado, es una importante contribución del sector público a la competitividad del país. También lo es un Estado simple, sin regulaciones innecesarias, que asegure instituciones fuertes y que impulse la competencia, la inversión y la integración inteligente con el mundo. Esta austeridad debe ser acompañada por una menor presión tributaria, especialmente menos impuestos distorsivos que afectan la asignación de recursos a lo largo de las cadenas de valor (impuesto al cheque, impuesto país, retenciones, impuestos al trabajo e impuesto a los ingresos brutos). El sistema impositivo también debe simplificarse, considerando que 10 impuestos recaudan el 92% de los recursos tributarios, y otros 145 impuestos solo el 8% restante.
Argentina tiene que encaminarse a un nuevo orden económico que ponga en valor al sector privado como factor clave para el desarrollo del país. Entendemos que la Ley Bases, el paquete fiscal y el DNU 70/2023 son herramientas necesarias que señalan un cambio en sentido correcto, al buscar racionalizar el gasto estatal, una mayor eficiencia en la gestión pública y un mejor clima de negocios e inversión, al proponer un régimen de incentivos a grandes inversiones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento económico, las exportaciones y el desarrollo de clústeres productivos y PyMEs locales. Estas iniciativas buscan el mejor funcionamiento de mercados de factores claves, y la mayor transparencia fiscal, aspectos que impulsan la competitividad de nuestro país.
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